CAMYP sigue reclamando a las autoridades del Ministerio de Educación que se tenga en cuenta los preceptos contemplados en la Ley 26.928 que crea un Sistema de Protección integral de las personas trasplantadas y que las mismas sean incorporadas al Estatuto Docente.
La Ley 26.928 de protección integral de las personas trasplantadas prevé la plena integración laboral de quienes ya hayan sido sometidos a trasplante o que se encuentren en la lista de espera del INCUCAI, al tiempo que obliga a respetar las necesarias licencias especiales, ya sea para controles médicos como para la realización de los diversos trámites que la condición implica, sin que ello repercuta en el descuento por presentismo.
CAMYP continúa con las acciones necesarias para que el Estatuto Docente sea garantía de nuestros derechos laborales y abarque las necesidades de todo el colectivo docente.
